Las doce comarcas del Pirineo catalán y aragonés, donde residen alrededor de 150.000 personas, llevan años perdiendo población y exigiendo la mejora de sus infraestructuras. Dar un vuelco a esta situación es el propósito de la candidatura para acoger los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. El proyecto aún no se ha formalizado y los primeros pasos se saldan con fuerte pugna política entre los dos Ejecutivos autonómicos implicados.
La Generalitat catalana exige que el protagonismo recaiga en su comunidad, mientras que Aragón defiende ir en pie de igualdad. Otro foco de incertidumbre es la consulta que el Govern ha anunciado ante el rechazo que provoca el proyecto en colectivos ambientalistas.
El Comité Olímpico Español (COE), que es quien deberá formalizar la candidatura, insiste en lanzar un mensaje de unidad. El presidente aragonés, Javier Lambán (PSOE), lamentó este jueves que la Generalitat ponga «palos en las ruedas», mientras que la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), defendió que Aragón tenga una posición de «complementariedad».
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